La Justicia da la razón a UGT en la demanda por las 37,5 horas de jornada en empresas de publicidad

La Justicia ha dado la razón a UGT en la torticera impugnación del convenio colectivo estatal para empresas de publicidad que han llevado a cabo las asociaciones empresariales: Asociación de Empresas de la Comunicación (FEDE), Asociación de la Comunicación Publicitaria (ACP) y la Associació Empresarial de Publicitat de Catalunya.

> Descargable: Texto íntegro de la resolución

La Justicia ha dado la razón a UGT en la torticera impugnación del convenio colectivo estatal para empresas de publicidad que han llevado a cabo las asociaciones empresariales: Asociación de Empresas de la Comunicación (FEDE), Asociación de la Comunicación Publicitaria (ACP) y la Associació Empresarial de Publicitat de Catalunya.

El motivo esgrimido para la citada impugnación, realizada tras la firma del convenio colectivo entre asociaciones empresariales y organizaciones sindicales,  fue la firma “por error” de una jornada de 37,5 horas semanales (entre otras mejoras laborales contempladas en este acuerdo).

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tras considerar que ha quedado acreditado que las asociaciones patronales “conocían perfectamente la jornada pactada” con los representante de los trabajadores ha descartado “cualquier vicio en el consentimiento de los actores”. En consecuencia, ha desestimado la demanda.

Más allá de congratularnos por esta sentencia, UGT quiere poner el foco en la desfachatez de las citadas asociaciones que, en los últimos meses, desde la firma del convenio, han espoleado a sus representados en sentido contrario a la lógica de todo acuerdo, es decir, abogando por el incumplimiento y la no aplicación de lo pactado, no sólo en lo que afectaba a la jornada sino en el resto de puntos consensuados; en definitiva, en la no aplicación del convenio colectivo firmado.

Las consecuencias de esta estrategia han sido muy negativas para los trabajadores y trabajadoras de este sector de actividad que se han visto perjudicados en sus legítimos intereses que, en definitiva, vienen a dignificar su situación laboral y a mejorar sus condiciones de trabajo en un entorno de alta volatilidad económica e incertidumbre laboral.