Agenda digital para España: fracaso rotundo de empleabilidad

Cuatro años después de su puesta en marcha, la Agenda Digital para España creada por el Gobierno del Partido Popular se confirma como un absoluto fracaso en términos de empleos y empleabilidad digital.

Aprobada a inicios de 2013 por el Consejo de Ministros y publicitada como un “marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) […] favorecer la creación de oportunidades de empleo y el crecimiento económico mediante una adopción inteligente de las tecnologías digitales, contribuyendo de esta forma al esfuerzo colectivo de impulsar la recuperación económica del país”, los hechos demuestran, más de cuatro años después, la nula voluntad del Gobierno para llevar a cabo sus objetivos, especialmente en el apartado dedicado a la inclusión digital y empleabilidad, y más concretamente, a la formación para el empleo digital (Plan de inclusión digital y empleabilidad, Eje IV: Empleabilidad; medida 11: Formación para el empleo).

El análisis realizado por UGT de todos los planes presupuestarios y de las memorias anuales, desvela la falta de una adecuada financiación, la ausencia de proyectos con vocación de continuidad, el ínfimo impacto de las medidas acordadas, y como corolario, la falta de flexibilidad y agilidad para adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo.

Los datos son concluyentes: los 27 millones euros de presupuesto para el ejercicio 2013-2014 se fueron estirando, año a año, sin incrementos parciales hasta mediados de este 2017, para acabar presentando unos paupérrimos resultados: 325 personas formadas en 3 proyectos, que crearon un total de 127 empleos en cuatro años (no se informa de la naturaleza contractual de estos empleos, sin eran indefinidos, temporales o becarios, o incluso si aún sigue siendo empleos activos). Sin lugar a dudas, cuatro años para presentar unas cifras que rozan la desidia, no es admisible ni preceptivo en un Gobierno con altura de miras.

El año en curso se iniciaba con el anuncio de nuevos planes formativos. En concreto, una convocatoria con “20 millones en ayudas para impulsar la formación y el empleo juvenil en la Economía Digital”. A esta llamada acudieron 75 solicitantes que reclamaron 50 millones en ayudas. Más del doble de lo dispuesto por el Gobierno. El Ministerio, haciendo caso omiso de este abrumador interés, se limitó a publicar una nota en donde relataba que la convocatoria se quedaba estancada en 18,36 millones. Es decir, nada de revisar, ampliar o mejorar la convocatoria y su financiación. Sin reflejos, sin músculo para atender las necesidades de los trabajadores para mejorar sus competencias digitales. Otro tanto ocurrió con el programa “Profesionales Digitales Formación Postgrado”, que contando con un presupuesto de 2.000.000 de euros recibió peticiones por casi 7 millones de euros (más del triple de lo presupuestado) y que volvió a cerrarse en falso y sin reaccionar ante las masivas solicitudes de las universidades.

Y esto ocurre mientras existe un consenso unánime sobre la necesidad de mejorar las habilidades tecnológicas de nuestra población, entre las más deficientes de Europa. Recordemos que hace escasos meses, UGT, CCOO y AMETIC aprobamos un Manifiesto por el Talento Digital en donde afirmábamos que el “desarrollo de la digitalización requiere que todos los agentes involucrados sean más proactivos para liderar el cambio y, sobre todo, la Administración, que debe jugar un papel de impulsor, regulador y equilibrador del desarrollo del proceso”. Por ahora, parece que no han recibido o entendido el mensaje.

En resumen, mientras nuestra población y nuestra fuerza de trabajo necesita imperiosamente una reconversión digital, el Gobierno renuncia a hacer su trabajo en un ejercicio de irresponsabilidad absolutamente incompresible. Los datos son los que son y las consecuencias ya las estamos sufriendo, y crecerán exponencialmente en el futuro, cuando los países que nos rodean mejoren su economía y su bienestar social, o soporten mejor las futuras crisis económicas, mientras España sigue anclada en un pasado analógico debido como consecuencia de la incomparecencia de nuestro Gobierno.